sábado, 2 de abril de 2016

Lxs trabajadorxs de Salud Responde y 112 Jaén, exigiendo sus habiliaciones profesionales

Trabajadorxs de Salud Responde y 112 Jaén exigen sus habilitaciones profesionales



El pasado viernes 1 de Abril, lxs trabajadores de Salud Responde y 112 Jaén, servicios públicos de la Junta de Andalucía subcontratados por empresas comisionistas, presentaron tanto en el Subdelegación del Gobierno como en el registro de la Consejería de Empleo sus peticiones de habilitación para sus puestos de trabajo, los cuales llevan desempeñando una media de 10 años. 

Esta accíón, junto a otras que se vienen desempeñando desde estos servicios y 061, van encaminadas a acabar con la dictadura de las subcontratas y en la dirección de que estos servicios públicos y esenciales para la ciudadanía sean gestionados directamente por la Junta de Andalucía, sin empresas privadas subcontratadas de por medio, situación que lo único que favorece es la precariedad en los puestos de trabajo de estxs profesionales, el oscurantismo en la gestión de estas empresas y el uso de fondos públicos, todo ello y a pesar de la profesionalidad de estxs trabajadorxs,  redundando en la calidad de los servicios que se prestan a los andaluces y andaluzas, cada vez de menor calidad debido a que para estas empresas el objetivo nº 1 es la obtención de beneficios económicos y no el servicio al ciudadano/a




El comité de empresa de Salud Responde exige a la Junta de Andalucía el fin de las subcontratas


CGT-Jaén
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El comité de empresa de Salud Responde exige a la Junta de Andalucía la anulación de la próxima licitación privada del servicio

El pleno del comité de empresa de Salud Responde ha decidido dirigirse a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, a través de la Empresa Pública de Emergencias (EPES), exigiendo la inmediata retirada de la oferta de concesión por subcontrata de este servicio, en base a diferentes consideraciones. Así, este comité ha señalado que en diciembre de 2015 el Parlamento de Andalucía aprobó una proposición no de ley (PNL) por la que se exigía al gobierno la dignificación de las condiciones de trabajo de las contratas de EPES, así como su integración en la empresa pública, cual es el caso de Salud Responde, cuya concesión ahora se pretende licitar de nuevo para que el servicio siga estando atendido por una empresa privada (en estos momentos, Arvato Qualytel).
Para este comité de empresa el atropello que se quiere perpetrar con este nuevo concurso es más grave aún, al conocer que la actual concesionaria no quiere seguir haciendo negocio a costa de las condiciones sociolaborales de la plantilla de Salud Responde, por lo que se entiende que EPES ha ofertado unas  condiciones que van en dirección opuesta a la de dignificar y mejorar las circunstancias de trabajo y el mantenimiento del mismo, cual fue el mandato del Parlamento Andaluz.
Por todo lo cual el comité ha vuelto a manifestar su rechazo a la licitación de Salud Responde a través de empresa privada comisionista, exigiendo que se dé cumplimiento a lo acordado en la sede de la soberanía del pueblo andaluz y solicitando que el personal que atiende el servicio pase a formar parte de la plantilla de EPES a partir de la terminación de la actual subcontrata.
El comité de empresa ha señalado en su escrito, finalmente, que el dinero público debe destinarse a la generación de empleo estable y de calidad, tendiendo a la eliminación de empresas interpuestas que, sin exponer nada, se vienen beneficiando históricamente del patrimonio de todos los andaluces a costa de la calidad del servicio y de las condiciones laborales y económicas que soportan los trabajadores que lo atienden.

viernes, 18 de septiembre de 2015

Trabajadores bajo el convenio de 'telemarketing' para llamadas entre la vida y la muerte


Los trabajadores del centro provincial de Málaga del 061 llevan 176 días de encierro y más de tres mes de huelga en protesta por el supuesto incumplimiento de sus condiciones laborales, recogidas en el convenio colectivo de contact center.
La inspección laboral constata varias infracciones e inicia el procedimiento sancionador contra la adjudicataria, titular en Andalucía de todas las concesiones para la gestión telefónica del 061 y el 112.
"En vez de valorarnos como eslabón principal de las emergencias, la Junta de Andalucía subcontrata con comisionistas".

La cadena de los servicios públicos de emergencias tiene un eslabón privado. Las llamadas de urgencia son atendidas por operadores telefónicos sometidos a similares condiciones laborales que aquellos que llaman a mediodía para vender una suscripción a Internet o un crédito bancario. En Andalucía, el servicio que se presta al otro lado de la línea telefónica está externalizado y los "gestores de emergencias" se rigen por el convenio colectivo de telemarketing o contact center. Desde hace años, los sindicatos plantean la necesidad de negociar un convenio específico. En Málaga, las reivindicaciones lideradas por el sindicato CGT han llevado al encierro de los trabajadores en las oficinas de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) desde hace 176 días y a una huelga desde el 8 de junio.

 Foto de Nestor Cenizo, eldiario.es

María Dolores Bueno trabaja desde hace 25 años atendiendo llamadas que a veces trazan la línea entre la vida y la muerte. Lo hace desde un centro de EPES en Málaga. Son unos 70 operadores sometidos, según explica, a turnos irregulares, con cadencias variables de jornadas laborales, según el mes (con turnos de día, tarde o noche). El convenio contempla un máximo de 1.764 horas anuales que, asegura, la empresa trata de alcanzar sin pactar con el comité y aun a costa de establecer descansos mínimos. Los trabajadores también denuncian que la empresa concesionaria, Ilunion Emergencias, fija unilateralmente las fechas de vacaciones. Según Miguel Montenegro, secretario general de CGT Andalucía, ni siquiera se cumplen los horarios del convenio.
El desarrollo de la huelga no está siendo pacífico. EPES estableció unos servicios mínimos del 100%, recurridos por CGT. La inspección de trabajo incoó el pasado mes de agosto cinco actas de infracción contra la concesionaria por incumplimientos en la distribución de la jornada laboral y las vacaciones, en las compensaciones de días festivos extemporáneas y la vulneración de los derechos de información y participación. CGT denuncia que un día después de que se comunicase esta resolución la empresa despidió a cinco integrantes del comité de huelga, que se suman a dos despidos anteriores en el mismo centro y otro en Cádiz. Montenegro cree que el despido es una reacción a las actas de infracción y denuncia un "abuso flagrante".


Desde una centralita en el Parque Tecnológico, Bueno y sus compañeros ordenan el tráfico de ambulancias y 061, comunican con los helicópteros y regulan el traslado de los críticos. Deben dar la primera respuesta a situaciones críticas y gestionar la activación de los servicios de emergencia y por eso tienen formación específica. Atienden entre dos y tres mil llamadas entrantes y salientes en un día, entre 50 y 60 cada operador. "Accidentes, niños en parada… Situaciones muy al límite que conllevan mucho estrés. Y cuando acabas tienes que volver a coger llamada". Por eso, creen que el convenio de telemarketing no encaja. Y lamentan: "En vez de valorarnos como el eslabón principal de las emergencias, la Junta de Andalucía subcontrata con comisionistas".

 Foto Europa Press

 

Un contrato valorado en más de ocho millones de euros

 

En Andalucía, la atención telefónica de los servicios del 061 y 112 está adjudicada a Ilunion Emergencias (antes MK Plan 21), una empresa del Grupo Ilunion, dependiente a su vez de la Fundación ONCE. El contrato para los servicios provinciales del 061 le  fue adjudicado por EPES en noviembre de 2014 por algo más de ocho millones de euros. En junio de 2014 le había sido concedido en tres lotes el contrato para las operaciones, desarrollo y análisis de los centros regionales de Sevilla y Málaga y los cuatro centros provinciales del 112, por 11,4 millones de euros. El total que Ilunion se embolsa por la gestión de los servicios telefónicos del 091 y el 112 se acerca a los 20 millones de euros, más que todas sus ventas declaradas en 2013: 16.352.549 €. MK Plan 21, su antecesora directa, es concesionaria de servicios de emergencia en Andalucía desde 2002. Ilunion ha declinado responder a las preguntas de este medio.
A largo plazo, los trabajadores pretenden la integración como personal laboral de EPES. Esta petición es una reivindicación histórica del sector. Aducen que prestan sus servicios en dependencias de la empresa pública, con material proporcionado por ella y bajo las instrucciones de personal sanitario. UGT y CCOO coinciden en el diagnóstico con CGT pero han elegido una vía alternativa al conflicto laboral. UGT pretende que la empresa aplique un convenio propio, mientras se negocia la incorporación de cláusulas específicas al convenio estatal de telemarketing.
En paralelo, los sindicatos mayoritarios abogan por mantener un diálogo con la Junta de Andalucía que culmine en la integración de los trabajadores en el sistema público. "Creemos que hay que agotar la vía de la negociación. No es fácil que la Junta entienda que esto tiene que estar dentro de la agencia y no queremos vender humo", razona Carlos Alejandre, secretario de organización de FES UGT Andalucía.
La Cámara de Cuentas emitió un informe de fiscalización integral de EPES en el año 2002 en el que hacía referencia específica a los trabajadores de los servicios externalizados y llamaba a la empresa pública a "revisar el modelo y estructura de personal". Trece años después, el sistema vigente sigue siendo el mismo: trabajadores contratados por una concesionaria que se rigen por un convenio pensado para los teleoperadores que venden créditos, suscripciones y servicios que poco tienen que ver con las situaciones de vida o muerte.

Un artículo de Nestor Cenizo, para eldiario.es